El expolio de bienes arqueológicos ha sido siempre una de las mayores amenazas para el estudio y la conservación del patrimonio cultural humano. Ya sea a manos de supuestos arqueólogos aficionados sin formación, ya sea directamente por personas con ánimo de lucro, la extracción de cualquier tipo de objeto dentro de un yacimiento arqueológico supone una pérdida en ocasiones total de la información que dicho objeto podría proporcionar a un especialista. En los últimos tiempos, además, la actividad de los expoliadores se ha visto blanqueada por personajes que amparados en una supuesta labor de divulgación en redes sociales se dedican a extraer materiales de yacimientos con ayuda de detectores de metales, grabando en vídeo el proceso y logrando la aprobación de miles de incautos. 

Pese a las excusas que estos mal llamados divulgadores esgrimen cada vez que se les acusa de estar llevando a cabo un atentado contra el patrimonio, lo cierto es que estas actividades rallan lo delictivo cuando no caen directamente por completo en ello. Sin embargo, lo laxo de la legislación y el conocimiento de esta que algunos de estos expoliadores han desarrollado les permite desarrollar su actividad sin que ello tenga consecuencias legales. 

Otros expoliadores, sin embargo, sí son procesados por la ley tras ser sorprendidos saqueando yacimientos o vendiendo en el mercado negro el producto de sus robos. Pero incluso en estos casos las multas y condenas resultan irrisorias en comparación con el daño causado. 

Este ha sido el caso de un hombre condenado por un delito contra el patrimonio tras desenterrar y llevarse varios objetos del yacimiento arqueológico de de la Villa Romana de Sant Amanç, en Barcelona. Tras haber recorrido el yacimiento portando un detector de metales y una pala, el condenado extrajo varias llaves y otros fragmentos de hierro, destrozando en el proceso la estratigrafía y el trabajo previo de los arqueólogos. 

La resolución del juez pone énfasis en cómo este proceso de extracción destruyó toda la información que dichos objetos podían aportar a los arqueólogos a pesar de que el valor material de los mismos era meramente testimonial. 

Pese a todo, la condena se ha limitado a una multa de 1440, condena que este ha aceptado para evitar un proceso judicial más complejo y largo que podría haber acabado con una pena mayor. Una cifra ridícula que sin duda no servirá para disuadir a futuros expoliadores de seguir cometiendo estos crímenes contra el patrimonio. 

Fuente: La Opinión de Murcia